Historial de la explicación

Publicada el 10 de octubre de 2026

Versión histórica: ha sido sustituida o está pendiente de actualización. No la utilices para conocer la situación actual.

Registro histórico de una explicación publicada. Puede estar sustituida u obsoleta; no describe necesariamente la situación actual.

El Congreso acepta tramitar en lectura única la autorización para ampliar los crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional

La votación del 6 de mayo de 2025 decidía cómo tramitar el proyecto, no aprobar su contenido. El Gobierno proponía autorizar a España a ratificar cuatro cambios internacionales: tres sobre armas especialmente dañinas y uno sobre el hambre impuesta a civiles en conflictos armados internos.

Qué ocurrió y qué decidía este voto

El 6 de mayo de 2025 se votó si este proyecto debía tramitarse directamente y en lectura única. Esa forma de tramitación fue aprobada. No era una votación sobre una de las cuatro enmiendas internacionales ni la votación de aprobación del conjunto de la ley: su objeto era elegir el procedimiento parlamentario.

La lectura única permite que el texto completo se debata y después se someta a una sola votación. Según el Reglamento aportado, puede utilizarse cuando lo aconseje la naturaleza del proyecto o lo permita su formulación sencilla. La decide el Pleno del Congreso, a propuesta de la Mesa y después de escuchar a la Junta de Portavoces. La votación posterior del texto tiene otro efecto: si es favorable, lo aprueba el Congreso y se envía al Senado; si no, queda rechazado. Esa regla no convierte el voto sobre el procedimiento en una aprobación del texto.

Quién presentó el proyecto y qué trámites estaban documentados

El autor del proyecto era el Gobierno. El registro sitúa su presentación el 4 de abril de 2025. El 8 de abril, la Mesa del Congreso lo admitió a trámite y acordó el procedimiento de urgencia. También fijó un plazo de ocho días hábiles para presentar enmiendas parlamentarias, que terminaba el 24 de abril de 2025; el registro concreta la hora de cierre en las 18:00. Estas enmiendas parlamentarias al proyecto no deben confundirse con las cuatro modificaciones del tratado cuya ratificación se quería autorizar.

Urgencia y lectura única son decisiones diferentes. El artículo 93 del Reglamento permite que la Mesa acuerde la urgencia a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados; si ya hay un trámite en curso, se aplica a los siguientes. En abril, la Mesa trasladó la solicitud de lectura única a la Junta de Portavoces. Fernando Galindo Elola-Olaso, secretario general del Congreso, firmó por delegación la orden de publicación: esa firma no lo convierte en autor del proyecto ni en quien decide la lectura única.

Qué se quería autorizar y por qué se planteaba

El Estatuto de Roma es el tratado que creó la Corte Penal Internacional, o CPI. Según la exposición de motivos, fue adoptado el 17 de julio de 1998, España lo ratificó el 24 de octubre de 2000 y entró en vigor para España el 1 de julio de 2002. La Corte tiene competencia sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Esta iniciativa se centraba en ampliar los supuestos de crímenes de guerra, no en modificar las otras categorías.

Las cuatro enmiendas ya habían sido adoptadas en el ámbito internacional por la Asamblea de los Estados Parte, es decir, los Estados participantes en el tratado. Tres se adoptaron el 14 de diciembre de 2017 y la cuarta el 6 de diciembre de 2019. El proyecto español proponía autorizar su ratificación por España. Por tanto, la adopción internacional de las enmiendas, la autorización mediante una ley española y la ratificación por España eran actuaciones distintas.

La exposición de motivos justificaba la ratificación por la inclusión de conductas especialmente nocivas para la población civil y la vinculaba al compromiso de España con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Es la justificación del proyecto del Gobierno, no una explicación de por qué votó cada diputado o grupo.

Las tres medidas sobre armas

El texto anterior aportado, con efectos desde el 25 de septiembre de 2015, ya enumeraba como crímenes de guerra el uso de veneno o armas envenenadas, gases asfixiantes o tóxicos y balas que se expanden o aplastan fácilmente en el cuerpo. Lo hacía tanto para conflictos internacionales como para los no internacionales. El proyecto no proponía sustituir esos supuestos, sino añadir tres clases de armas en ambas categorías de conflicto.

Primera medida: añadir el empleo de armas que utilicen agentes microbianos, otros agentes biológicos o toxinas. El texto incluye esos agentes y toxinas cualquiera que sea su origen o su modo de producción. Se incorporaría al apartado de conflictos internacionales como 8.2.b) xxvii) y al de conflictos no internacionales como 8.2.e) xvi).

Segunda medida: añadir el empleo de cualquier arma cuyo efecto principal sea causar lesiones mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X dentro del cuerpo humano. La condición de que ese sea su efecto principal forma parte de la definición. Se incorporaría como 8.2.b) xxviii) y 8.2.e) xvii), respectivamente.

Tercera medida: añadir el empleo de armas láser diseñadas específicamente para causar ceguera permanente a la vista no amplificada. Esa finalidad puede ser su única función de combate o una de varias. El texto se refiere al ojo descubierto y también al ojo con dispositivos que corrigen la vista; no define como crimen, sin más condiciones, cualquier empleo de un láser. Se incorporaría como 8.2.b) xxix) y 8.2.e) xviii).

El hambre como método de guerra y los límites del ámbito

Cuarta medida: añadir como crimen de guerra en conflictos no internacionales hacer padecer hambre intencionalmente a la población civil como método de guerra, privándola de lo indispensable para sobrevivir. Incluye obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro. No se refiere a cualquier situación de hambre: exige la intención, el uso como método de guerra y la privación descritos. Se incorporaría como 8.2.e) xix).

Antes, el texto aportado ya recogía esta conducta para conflictos internacionales en el apartado 8.2.b) xxv), con una referencia expresa a los Convenios de Ginebra respecto de los suministros de socorro. La propuesta extendía el supuesto al apartado de conflictos no internacionales; no reemplazaba la previsión para los internacionales. La exposición de motivos describía ese cambio como una equiparación entre ambos tipos de conflicto.

Para las cuatro incorporaciones al apartado de conflictos no internacionales se mantiene una delimitación importante: ese apartado no se aplica a tensiones internas, motines ni actos esporádicos y aislados de violencia. Se aplica a conflictos armados prolongados dentro de un Estado entre sus autoridades y grupos armados organizados, o entre esos grupos. También se mantiene la responsabilidad de los gobiernos de conservar o restablecer el orden público y defender la unidad e integridad territorial por medios legítimos.

La ampliación podría afectar al examen por la CPI de las conductas descritas en esos conflictos, con los límites de aceptación de las enmiendas que se explican más abajo. El artículo 8 señala que la Corte tiene competencia sobre crímenes de guerra, en particular cuando forman parte de un plan, una política o una comisión en gran escala. La expresión «en particular» no presenta esos casos como los únicos posibles.

Por qué se proponía una ley orgánica y cuándo produciría efectos

El artículo único del proyecto autorizaba a España a ratificar las cuatro enmiendas. Aunque son cuatro medidas, se añaden siete apartados: cada una de las tres medidas sobre armas se incorpora tanto a conflictos internacionales como a no internacionales, y la del hambre añade un apartado para los no internacionales. No era una sustitución completa del Estatuto.

El proyecto recurría a una ley orgánica porque, según su exposición de motivos, ampliaba las competencias atribuidas a la CPI. El artículo 93 de la Constitución permite autorizar mediante esa clase de ley tratados que atribuyan a una institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. También asigna a las Cortes Generales o al Gobierno, según el caso, la garantía de cumplimiento de esos tratados y de las resoluciones de los organismos que reciben las competencias.

La disposición final primera fundamentaba la actuación española en la competencia exclusiva del Estado sobre relaciones internacionales. Ese es el significado de la remisión al artículo 149.1.3 de la Constitución: identifica la materia que corresponde al Estado.

La disposición final segunda proponía que la ley española entrase en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE. Eso no equivale a la entrada en vigor de las enmiendas internacionales: para los cambios al artículo 8, el artículo 121.5 del Estatuto establece un año desde el depósito del instrumento de ratificación o aceptación, y solo respecto de los Estados Parte que los hayan aceptado. Además, la Corte no ejercerá competencia por un crimen incluido en una enmienda si fue cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no la haya aceptado.

Contexto complementario: cómo se modifica el tratado

El artículo 121 permite que cualquier Estado Parte proponga enmiendas una vez transcurridos siete años desde la entrada en vigor del Estatuto. El secretario general de Naciones Unidas distribuye la propuesta. Después de al menos tres meses desde la notificación, la Asamblea decide por mayoría de los presentes y votantes si la examina directamente o mediante una Conferencia de Revisión. Si no se alcanza consenso para aprobarla, se exige una mayoría de dos tercios de los Estados Parte. Estas son reglas del tratado, no cambios introducidos por el proyecto español.

La regla especial para los artículos 5 a 8 se refiere a la lista de crímenes de competencia de la Corte y a las definiciones de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Genocidio exige la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso; lesa humanidad exige actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de ese ataque. Estas referencias permiten entender el alcance de la regla de aceptación, pero este proyecto solo autorizaba cambios en los crímenes de guerra.

El texto anterior también contenía, para conflictos internacionales, un supuesto general sobre armas o métodos que causen daños superfluos, sufrimientos innecesarios o efectos indiscriminados contrarios al derecho internacional. Pero lo condicionaba a una prohibición completa y a su inclusión en un anexo del Estatuto mediante una enmienda aprobada conforme a los artículos 121 y 123. No era una cláusula sin condiciones que hiciera innecesarias las nuevas incorporaciones expresas. El artículo 123 regula las Conferencias de Revisión, que pueden examinar la lista de crímenes y otros asuntos, y aplica a sus enmiendas las reglas de aprobación y entrada en vigor del artículo 121.

Para otras enmiendas, fuera de la regla especial de los artículos 5 a 8, el artículo 121 prevé la entrada en vigor un año después de que siete octavos de los Estados Parte depositen sus instrumentos. En ese régimen, un Estado que no haya aceptado la enmienda puede retirarse del Estatuto con efecto inmediato si notifica su retirada a más tardar un año después de la entrada en vigor. La retirada ordinaria del artículo 127 surte efecto al año de recibirse la notificación, salvo que se indique una fecha posterior. En ambos casos se conservan las obligaciones anteriores, incluidas las financieras, la cooperación exigible en investigaciones y enjuiciamientos ya iniciados y el examen de cuestiones que la Corte tuviera ante sí. Esta vía excepcional de retirada no es la regla de entrada en vigor de las cuatro enmiendas de este proyecto.

Qué acredita el expediente sobre el resultado y la evolución posterior

El registro aportado incluye información posterior al voto: señala que el expediente terminó aprobado sin modificaciones el 17 de junio de 2025 y aparece cerrado. Esa información no describe el estado que tenía el proyecto el 6 de mayo ni cambia el objeto de la votación de ese día. Aquí las medidas se han explicado desde el proyecto inicial suministrado, no como una reconstrucción de decisiones sobre enmiendas parlamentarias no aportadas.

La publicación parlamentaria utilizada es la versión corregida del proyecto: indica que sustituyó al ejemplar del 11 de abril de 2025 al advertirse un error, sin precisar en este fragmento cuál era. Ni esta publicación del proyecto ni el registro de cierre aportan una fecha de depósito de la ratificación española. Por ello no se fija aquí una fecha efectiva de aplicación de las enmiendas a España ni se afirma que la ratificación siga pendiente: solo se explica el requisito de depósito y el plazo de un año que establece el tratado.

Consultar los documentos de esta versión (63)

Cita 1:

Registro oficial 15:121/000053/0000

Fuente de los párrafos: 1, 3.

Nota: Aprobada su tramitación por el procedimiento de lectura única\nen la sesión del día 06/05/2025.

Datos técnicos de la fuente

Institución: Congreso de los Diputados
Versión: 82c32cae-6a9f-41b8-a42f-37e0e484b5cb
Recuperación: 29 sept 2026, 03:28 UTC
Localización: Caracteres 1537–1638
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Confianza del enlace: No indicada

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Cita 2:

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Fuente de los párrafos: 1.

Las cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma comportan una ampliación material de las potestades transferidas a la Corte Penal Internacional.

Datos técnicos de la fuente

Institución: Congreso de los Diputados
Versión: ff783784-0c22-4148-bd01-d92532e11312
Recuperación: 1 oct 2026, 09:32 UTC
Localización: Caracteres 4431–4583
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Confianza del enlace: No indicada

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Cita 3:

Votación 15/107/3

Fuente de los párrafos: 2.

"fecha":"2025-05-06"

Publicada el 1 de octubre de 2026

Versión histórica: ha sido sustituida o está pendiente de actualización. No la utilices para conocer la situación actual.

Registro histórico de una explicación publicada. Puede estar sustituida u obsoleta; no describe necesariamente la situación actual.

El Congreso acepta tramitar en lectura única la autorización para ampliar los crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional